Toledo y la abstención

abril 25, 2018

Por: Guillermo Martín | Dr. en Ciencias Políticas y Sociales

Cuando gente, que pretende reivindicar el ejercicio del voto cómo dé lugar, nombra al peruano Alejandro Toledo como un paladín del electoralismo, uno no puede menos que preocuparse.

Antes de hablar de Toledo, cabe recordar ciertos vicios presentes en los comicios efectuados en Venezuela al menos desde 2004, fuesen éstos para renovar cargos públicos o para dirimir consultas populares. Vale decir que varios de tales vicios ya eran conocidos cuando Vicente Bello y Timoteo Zambrano fungían, respectivamente, como el veedor electoral y el contacto internacional por la extinta Coordinadora Democrática, responsabilidades similares a las que han ocupado en la Mesa de la Unidad Democrática.

Más allá del ventajismo electoral y la persecución fiscal contra posibles patrocinadores de la oposición, hay que señalar estas anomalías:

  • La minimización de la representación proporcional. Los cuerpos deliberantes (Asamblea Nacional, consejos legislativos o concejos municipales) no sólo poseen menos escaños que en 1998, sino que progresivamente ha disminuido el subtotal asignado como representación proporcional de las minorías. En consecuencia, la primera minoría se convierte en una dictadura legislativa.
  • La discriminación de los votantes en territorio nacional, vía sistemas de identificación biométrica (dispositivos “capta-huellas”), para retardar el proceso en estados o municipios con arraigo opositor, con lo cual se cuestiona la buena fe de los venezolanos que supuestamente no sean partidarios del régimen.
  • La discriminación de los votantes en el extranjero. Se trata de un requisito que irónicamente permite la intromisión indirecta de otro país en elecciones venezolanas: el documento de residencia o permanencia legal en el extranjero. Tanto dentro como fuera del país, el único documento exigible para votar –a quien esté inscrito en el Registro Electoral Permanente (REP)- es su cédula de identidad, incluso vencida.
  • La ingeniería electoral a la carta. El diseño mañoso de circuitos electorales, para asignar más escaños donde incluso haya menos habitantes pero tendencia favorable al régimen, ha sido la nota predominante en 18 años. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de 2015 la sobrerrepresentación legislada y reglamentada terminó favoreciendo a la oposición, la cual pese al ventajismo –gracias al voto castigo y abstención oficialista- obtuvo los dos tercios de escaños legislativos.
  • El crecimiento irregular del padrón electoral. El propio Bello el 28 de febrero, al referirse a cambios atípicos en el REP, y tomando como referencia los comicios para gobernadores y alcaldes de 2017, cuando se registró un total de 178.088 movimientos entre julio y diciembre, señaló que en el último corte del Consejo Nacional Electoral, que apenas duró 10 días, se afirma que hubo más de 1.700.000 movimientos: “Nos llama la atención que en 10 días hubo 10 veces más movimientos en el Registro Electoral que en cinco meses.”
  • La migración arbitraria de electores, para impedir su derecho a votar.
  • La reubicación arbitraria de centros electorales, para obstaculizar el libre ejercicio del voto o promover el voto asistido.

Tras presentar el recuento de las inmejorables condiciones de competitividad electoral que imperan en Venezuela, como dirían Henri Falcón, Eduardo Semtei y Claudio Fermín, se pasa a revisar brevemente el caso peruano cuando la resistencia liderada por Toledo forzó la huida de Alberto Fujimori.

El fin del fujimorato

Tras ganar en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa en 1990, Fujimori estaba resuelto a aplicar justo las medidas neoliberales contra las que había hecho campaña. Para acabar con la resistencia legislativa y judicial, Fujimori disolvió ambos poderes mediante el autogolpe del 5 abril de 1992 y, para calmar las críticas internacionales, convocó elecciones para un órgano constituyente.

La nueva Constitución le permitió reelegirse de inmediato y la guerra al terrorismo le permitió convertir a las Fuerzas Armadas en su principal apoyo. El auge de su popularidad, tras el conflicto bélico con Ecuador por el Cenepa, le ratificó en el poder en 1995. No obstante, al cabo de 10 años, el fujimorato estaba en su peor momento y su interpretación acomodaticia de la Constitución, según la cual el quinquenio 2000-2005 sería el segundo mandato de Fujimori bajo el ordenamiento vigente, en vez de su tercero consecutivo, le generaba muchas críticas dentro y fuera del país.

Debido a su mayoría parlamentaria, Fujimori logró imponer su nueva candidatura sin despojarse de la investidura presidencial y, con base en su ventajismo, estaba seguro de arrasar en primera vuelta ante nueve rivales. No obstante, Toledo y Perú Posible dieron el batacazo el 9 de abril de 2000: Fujimori sólo pudo atribuirse 49,9% de los votos válidos y no la mayoría absoluta que le habría ratificado en la Presidencia; a su vez, Toledo alcanzaba 40,2%.

Hastiado del ventajismo y las maniobras fraudulentas del régimen, el fenómeno Toledo exigió al Jurado Nacional de Elecciones posponer la segunda vuelta, prevista para el 28 de mayo. Ante la negativa del órgano, como el voto era obligatorio, so pena de multa, el líder opositor no llamó a la abstención, sino a que sus compatriotas impugnasen sus votos como protesta, es decir, a sufragar en nulo. Toledo no retiró formalmente su candidatura, casi 30% de los sufragios en segunda vuelta fueron nulos y Fujimori fue reelecto por segunda vez con 74% de los votos válidos.

Sin embargo, el descrédito e impopularidad del régimen no pararon de crecer: la “marcha de los cuatro Suyos” (las cuatro regiones del antiguo Perú incaico), liderada por Perú Posible  entre el 26 y 28 de julio, y el escándalo de los “Vladi-videos” (14 de septiembre) fueron los otros antecedentes de la renuncia de Fujimori, enviada por fax desde Japón, y su destitución por el Congreso.

@guimarcastel

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