La gobernabilidad de la nomenklatura

Por Yorbis Esparragoza

Gobernabilidad es una palabra compleja, etimológicamente se refiere a la habilidad de gobernar. De acuerdo con Camou (2013), como el término es un sustantivo abstracto, es decir, que designa cualidades o propiedades que deben habitar en algo para existir, entonces, la gobernabilidad significa: calidad, estado o propiedad de ser gobernable. Al entender a los gobiernos como instituciones políticas, la gobernabilidad se referirá a la capacidad de aplicar decisiones en este campo de las relaciones societales y al estado de equilibrio o grado de gobierno que se genera para una sociedad.

Existe una relación entre gobernabilidad y la forma de gobierno de una nación (sea república, democracia, monarquía, tiranía, etc.) que debe ser complementaria, es decir, retroalimentarse. La gobernabilidad en democracia, entendida como partidos, elecciones, parlamento, participación, control ciudadano, instituciones, etc.; se desarrolla con unas condiciones mínimas: “depende de una serie de acuerdos básicos entre las élites dirigentes, los grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana” (Camou, 2013).

En los siglos XIX y XX la democracia se consolida como una forma de gobierno posible en la sociedad, no directa y participativa, sino como representación y competencia entre los partidos políticos para resolver temas referentes al Estado. Dichas bases son las que ataca todo aquel que fomenta la antipolítica, al negar la competitividad institucional y los controles de los abusos de poder y corrupción, condición necesaria para darle la oportunidad a antinstitucionalistas, militaristas, autoritarios, demagogos y oportunistas que favorecen a unos pocos y dañan al resto de la ciudadanía.

Entonces, gobernabilidad y democracia son un engranaje. Dependiendo de las decisiones tomadas en el ejercicio del poder político se le mide desde su eficiencia, legitimidad e institucionalidad. Estas tres dimensiones suponen responder a la ciudadanía de manera planificada, transparente, eficaz, diligente y respetuosa a los intereses y necesidades comunes; la creación y vigilancia de amplios acuerdos transparentes (nacionales e internacionales) que respeten los las libertades individuales, consensuados con la ciudadanía, lo cual otorga confianza en las decisiones gubernamentales, reflejadas en la rendición de cuentas; y por último, responsabilidad, representatividad y control en el ejercicio del poder alcanzado mediante elecciones libres.


Pero, como la democracia es la desviación de la república (Aristóteles, III, 3, 1279b 5) y existen registros históricos que la describe como una forma de gobierno corrupta gracias a la práctica de la demagogia, se genera el gobierno tiránico (o despótico) definido por Bobbio (1986) como “aquella forma de gobierno de un hombre, que nace como efecto de la descomposición a la que ineludiblemente lleva el gobierno popular”, es decir, del proceso de elecciones se puede perfectamente llegar a la tiranía, que surge de paulatina abolición del estado de derecho y la degradación o inexistencia de la independencia de poderes (propio de una república), sumado a las prácticas demagógicas de sus líderes que incluye apelaciones a emociones, prejuicios, esperanzas y miedos del público para ganar poder político, frecuentemente mediante el uso de la propaganda y la retórica.

De este sistema pervertido surge una élite gobernante seducida por los privilegios del poder, cuyas prácticas demagogas envilecen a la ciudadanía para hacerlos ver justos, buenos, responsables, necesarios y filántropos. Son justos porque quitan a los ricos para darle a los pobres, buenos porque de a poco ahogan al sistema que los oprime, responsables porque se encargan de sectores de la población que nunca antes habían sido atendidos, los mal llamados “desposeídos”; se consideran necesarios porque crean una dependencia propia del Estado de bienestar ofrecido, además de que revindica una lucha social común; y por último, son humanistas, justicieros sociales, la igualdad social es una de sus máximas, el rechazo al individuo para enaltecer lo común. A éstos seres iluminados se les dio un nombre: la nomenklatura.

En 1980, el historiador soviético Michael Voslensky publica el libro La nomenklatura: los privilegios de la URSS. En esta obra, se muestra el rostro del verdadero poder de la URSS, unos setecientos cincuenta mil privilegiados que se hicieron burgueses (sumados a sus familias resultaban ser el 1,5% de la población rusa), incluyendo al autor. Explica así por nomenklatura: aquellos que ocupan los puestos claves del enorme imperio de la URSS, los “explotadores” del pueblo ruso.

El partido bolchevique

¿Qué tipo de personas son las encargadas de comandar tal poderío? En 1917, el partido bolchevique llega al poder vendiendo la idea de que sería una revolución de obreros y campesinos ya que “el problema capital de toda revolución es, sin duda, el problema del poder del Estado. Qué clase social tiene el poder en sus manos: todo depende de eso” (Lenin cp. Voslensky, 1982). En realidad, quienes llegaron al poder no fueron los obreros pobres, sino los nobles, intelectuales y burgueses. Se crea así una nueva clase dominante, que va en contradicción con lo expuesto por los mayores defensores de la lucha de clases, sus maestros, Karl Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 , cartilla elaborada para que los socialistas del mundo lleguen al poder y destruyan al capitalismo.

Según Volensky (1982) la nomenklatura gozaba de numerosos privilegios que la hacía muy distinta al proletariado empobrecido: apartamentos lujosos, comidas en restaurantes costosos, viajes por todo el mundo, casas de campo, bonos mensuales, sueldos muy por encima a la media, choferes, ropa de diseñador, joyas, carros lujosos y por demás, lo que ambiciona todo político: mucho poder. Se crea así una élite burguesa con un sentimiento resentido y vengativo del sistema capitalista, de la generación de riqueza, de las libertades individuales, de la libre competencia; a pesar de que practicaban un micro capitalismo en su organización como imperio, lo que la hace una absoluta incongruencia entre la ideología y la práctica.

En este sentido, la oligarquía obrera no poseía como ideología ni al marxismo ni al leninismo, sino las actitudes de la nobleza, antigua clase dominante feudal rusa. Con características patrióticas, privilegios y honores; ejercían el poder en el ejército, la economía y toda la administración pública. Solo se valieron de la terminología socialista para conseguir sus propios intereses. Ejercieron el poder viviendo como burgueses, pero criticando al capitalismo, sus instituciones y sus métodos para la producción de la riqueza.

De esta manera, se crea una farsa que se repite en cada uno de los modelos socialistas practicados en la historia, ya que, luego de la muerte de Stalin, no dejó de existir. Con el advenimiento de Krushev se creó una nueva nomenklatura, manteniéndose la antigua mientras se sometiera a la de turno, existiendo un pacto implícito, que reflejaba el espíritu de camaradería, algo muy importante para mantener la corrupción, crímenes de diverso tipo y su doble moral en secreto.

Por otro lado, renunciar a las prerrogativas provenientes de la corrupción propia de este tipo de regímenes no era opción. Al desplomarse la URSS las hermandades mutaron en mafias que mantuvieron el control sobre el petróleo, tecnología y armamento; básicamente por lo que es conocida Rusia hoy en día.

En este sentido, la URSS creía que los países atrasados debían ser el frente de una “Revolución Mundial” con sede en Moscú, entonces, la nomenklatura actúo y se esparció desde la Revolución Rusa (1917) hacia la Revolución Mexicana (1911), Revolución Cubana (1953) y demás gobiernos despóticos como Allende en Chile o Perón en Argentina. El odio en contra del capitalismo (representado por los imperios, específicamente por EE.UU)  fue importado a Latinoamérica por el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, entrenado por la III Internacional Socialista, Rangel (2009) explica que al fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en México en 1924, se instala este movimiento que no sería ni nacional ni internacional, sino latinoamericano y que tendría como objetivo la unidad social, económica y política de la región, puesto que el sistema capitalista era “asfixiante”, a saber:

La nueva nomenklatura Latinoamericana

Los partidos comunistas en Latinoamérica nunca habían sido numerosos pero sí influyentes, específicamente como escuela de dirigentes políticos que luego harían activismo entre intelectuales y artistas para hacer reformas no solo políticas y económicas, sino también culturales (Rangel, 2009). La nueva nomenklatura no dejó de ser mafiosa: evasión fiscal, malversación de fondos, sobornos y lavado de dinero son algunas de sus características.

De acuerdo con Rangel (2009) la explosión revolucionaria no precisamente se originó en los partidos comunistas ni movimientos sindicalistas, realmente fue una lucha de clases contextualizada entre latinoamericanos y anglosajones, que encajó perfectamente dentro de los grupos subversivos como la guerrilla; organización que en los sesenta no precisamente estaba conformada por gente salida de la montaña como fuerza liberadora de algún tipo de opresión (acepción común del termino guerrillero), sino que estaba integrada por un intelectual burgués o, en su mayoría, un estudiante universitario socialista que nunca había pasado por una picada de culebra o cargado peso.

Desde Cuba, la guerrilla sembró la semilla de la nueva nomenklatura latinoamericana y se dedicaba, según Rangel (2009) a lo siguiente:

El problema reside en desconyuntar los ejércitos, desmoralizar las burguesías y preparar las masas para tomar parte en la conquista del poder y en la construcción de la nueva sociedad socialista. Ambas facetas del problema pueden ser resueltas con un solo instrumento, cuya eficacia había sido demostrada en Cuba: el foco guerrillero, el cual es superficialmente sólo un expediente militar, pero que en realidad logra tres objetivos políticos decisivos: 1. Crea la verdadera vanguardia revolucionaria, 2. provoca los ejércitos nacional-traidores a una lucha para la cual no están preparados, y los destruye, y 3. por su existencia y sus hazañas militares, politiza a las masas (son el “motorcito” que pone en marcha el gran motor de las masas) con lo cual se prepara el terreno para el último acto del drama revolucionario, la huelga general o la insurrección urbana sobre las cuales se apoyará la toma del poder.

La imagen del guerrillero revolucionario se insertó en cada una de las personalidades oprimidas de Latinoamérica, al parecer, la pobreza de la región es a causa de la burguesía, el capitalismo, los americanos, la clase media; por lo que la lucha debe darse no solo políticamente sino a través de las armas y la coacción (aunque ahora están haciendo el trabajo en ambos campos, como el partido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC o ejército del pueblo, fundado en 1964).

Sin embargo, siempre fue así, visto al sistema desde la víctima vengativa, la nomenklatura revolucionaria logró permear tan vorazmente en el subconsciente de los ciudadanos, al punto de olvidar atrocidades, no reconocer al trabajo y el ahorro como fuentes generadoras de riqueza y aceptar que los beneficios del Estado son un derecho, por lo que deben exigirse. De esta manera, ganan cargos públicos con votaciones libres y acaban con los recursos de la región en beneficio propio; el mafioso ruso se trasforma en un magnate guerrillero.

Los “oprimidos” convencidos de que debían recibir compensación por no ser un país de primer mundo, presumieron que la gobernabilidad de la nomenklatura no solo debía planificar, dirigir, ejecutar y controlar las instituciones y los recursos, sino darles equitativamente a cada quien lo que le corresponde sin esfuerzo alguno, solo por haber sido colonizados. La dependencia de los desposeídos, coloca en un estado privilegiado a la nomenklatura, lo cual, mediante el voto la legitima, sin darse cuenta que cada vez más sus libertades son expoliadas.

En cuanto a las tres dimensiones de la gobernabilidad en democracia como la eficiencia, legitimidad y la institucionalidad, en la gobernabilidad de la nomenklatura éstas se desenvuelven de la siguiente manera:

  •  Utilización política de recursos económicos y oportunidades de alianzas estratégicas en manos del Estado para persuadir, crear dependencias y no responsabilidad individual. Posee desempeño corrupto, soborna a favor del apoyo al régimen tiránico o, cuando menos, mediante el clientelismo político para manejar la indiferencia ante su despliegue y consolidación.
  • Emprende el reconocimiento mediante la coacción defensiva e ideológicamente radicalizada usando la democracia participativa y protagónica, en contra de la república liberal representativa que se caracteriza por el imperio de la ley y las libertades individuales, lo que permite la pérdida del Estado de derecho. También obtiene legitimidad mediante el paternalismo.
  • Establecimiento de instituciones pervertidas, cada vez más descontextualizadas del marco de la institucionalidad jurídico política, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral se cohesionan con la fuerzas militares, la banca, telecomunicaciones, aduanas y tributos, con el objetivo de fragmentar influencias y tejer sus propias redes y alianzas que favorezcan a causa del régimen. Se crea un partido político único que ayuda a la centralización del poder.

@YorbisEP

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *