AL 2018: Elecciones e incertidumbre (II)

abril 10, 2018

AL 2018: Elecciones e incertidumbre (II)

Guillermo Martín | Dr. en Ciencias Políticas y Sociales

La segunda vuelta en Costa Rica fue decidida por las alianzas y capacidad de movilización  del candidato oficialista. Sin embargo, el hecho de que el matrimonio igualitario fuese el eje de contraste en la campaña, al menos con peso en la primera vuelta, debe ser motivo de preocupación para todos los actores políticos. En otras palabras, la existencia de tabúes en cada sociedad puede conducir a polarizaciones innecesarias si los mismos son introducidos de manera inoportuna en la agenda de políticas.

Durante una campaña, la introducción de un tabú puede hacer invisibles no sólo temas mucho más trascendentes (la seguridad pública, la salud y la economía), sino convertir a candidatos sin propuestas en rivales a vencer.

Por otra parte, cerrando con el caso mexicano, gracias a la reforma constitucional de 2014, que permite la reelección inmediata de alcaldes (dos trienios) y legisladores, se podría derribar la máxima de Francisco Ignacio Madero: “Sufragio efectivo, no reelección.” Con tal precedente, no sería descabellado imaginar un eventual gobierno de López Obrador que promueva un proyecto de reforma constitucional donde se incluya –como la Constitución de Alberto Fujimori en 1993 o la de Hugo Chávez en 1999- la reelección presidencial inmediata.

A continuación, se abordarán las dos caras de una misma moneda: el impacto de los escándalos de corrupción y el manejo demagógico de los mismos. Tanto en Brasil como en Perú los sobornos de empresas transnacionales –caso Lava Jato (“autolavado”)- le habrían costado la presidencia a Dilma Rousseff y a Pedro Pablo Kuczynski; no obstante, la capacidad de condescendencia del electorado brasileño es mucho mayor en cuanto al mandatario que habría abierto la caja de Pandora.

Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva gobernó Brasil durante dos períodos (2003-2011), promovió a Rousseff como su sucesora y abrió las puertas a Odebrecht en países vecinos, tales como Perú y Venezuela, gracias a sus aliados políticos. Aunque los directivos de dicha empresa podrían haber forjado evidencia contra Lula, la defensa del exmandatario no ha podido desmentir el expediente sobre corrupción que le implica con Petróleo Brasileño, S.A. (PETROBRAS).

A diferencia de la Argentina post Fernando De la Rúa, donde la gente clamaba “¡Que se vayan todos!,” los brasileños que –con mucha razón cuestionan a Michel Temer- inexplicablemente “sobreseen” a Lula y según las encuestas hoy le votarían para un tercer mandato.

Si Rousseff puede ser vista como el chivo expiatorio, su padrino político sube en las encuestas en proporción directa a la acumulación de evidencias y procesos en su contra. Una cosa es el carisma de un gobernante; otra muy distinta, la probidad de su ejercicio.

La reciente ratificación de la sentencia de Lula a 12 años de cárcel y la orden de aprehensión correspondiente, que deberían traducirse en su inhabilitación política, podrían terminar de “martirizarle” y convertirle en el gran electo, en detrimento de sus adversarios políticos, allanando el camino para un eventual arrase electoral de sus aliados en los comicios generales, donde también están en juego los escaños al Congreso y legislaturas estatales, así como 27 cargos de gobernador y otros tantos de vicegobernador en el Distrito Federal y 26 estados.

Nótese que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del presidente Temer, tiene siete gobernadores y cuatro vicegobernadores, pero solo en Alagoas hay fórmula plena, es decir, ambos cargos son del mismo partido, lo cual garantizaría que dicha organización conserve el poder en caso de falta absoluta del mandatario. Por cierto, el mapa estatal es mucho más complicado: el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y Rousseff, tiene cinco gobernadores y apenas un vicegobernador, quien hace fórmula plena en Acre; la otra gran fuerza, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) tiene seis gobernadores y cinco vicegobernadores, con pleno en Mato Grosso do Sul y Paraná. En suma: tres partidos gobiernan 18 de 27 entidades federativas y tienen 10 vicegobernadores, mientras otros cinco partidos gobiernan nueve entidades y tienen 17 vicegobernadores; por ende, el carisma de un Lula victimizado podría generar un efecto halo favorable a una eventual coalición de izquierda ya presente en al menos 11 estados.

Si bien hoy parece impensable, ¿qué pasaría si la defensa de Lula logra paralizar el proceso judicial e inscribirlo como candidato presidencial? Sencillamente, un hipotético triunfo de Lula pondría a prueba toda la institucionalidad brasileña. Aunado a la inmunidad de la investidura presidencial, la concurrencia de los comicios del 7 de octubre podría conferir a Lula el gobierno unificado horizontal y vertical, es decir, la mayoría parlamentaria y la de las gubernaturas. De ocurrir esto, la tentación de un proceso constituyente a la Chávez –para someter al Poder Judicial- cobraría mucha fuerza.

Perú

Kuczynski ha sido el último eslabón de la cadena Odebrecht que incluye a sus predecesores Alejandro Toledo, de quien aquel fue jefe de Gabinete, Alan García y Ollanta Humala. Aunque la Constitución prevé que la vacancia o falta absoluta presidencial sea cubierta en ese orden, por el primer y segundo vicepresidentes que hicieron fórmula con Kuczynski, cuesta creer que Keiko, la hija más hábil de Fujimori, esté dispuesta a esperar los comicios de 2021. Para ella, llegar al 7 de octubre pensando en lograr la mayoría de las 25 presidencias regionales y 195 alcaldías provinciales sabría a poco, además de que hoy luce cuesta arriba.

Por el contrario, cabría suponer que el argumento de insania moral (de los ahora presidente y primer vicepresidente), cuya declaratoria es potestad de la mayoría parlamentaria, sea usado de nuevo para truncar este quinquenio. El problema para Keiko es el sentido de la oportunidad: ¿durante o después del Mundial? ¿Antes o después de los comicios regionales?

En todo caso, otro expediente estilo “Vladi-videos” podría estar armado para sacarlo a la luz pública cuando el pueblo, hoy debidamente indignado, esté menos consciente de la diatriba política. Si la selección de la franja clasificase a octavos de final, esos días de júbilo constituirían un lapso perfecto para dar el mazazo legislativo. Solo cuando los guerreros de Ricardo Gareca estuviesen fuera de competencia, la fanaticada volvería a pensar como ciudadanía y electorado; entonces Keiko y su partido podrían haber anotado dos goles en posición adelantada: el quiebre definitivo de la fórmula ejecutiva más votada en 2016 y la convocatoria forzosa a nuevos comicios presidenciales.

En tal escenario, la líder indiscutible de Fuerza Popular (FP), tras dos derrotas seguidas (2011 y 2016), podría no estar muy satisfecha solo con completar un quinquenio; la academia Fujimori titula en reelección indefinida. Considérese que Perú es un país carente de un sistema de partidos; por ejemplo, aunque el Partido Aprista fue durante décadas el partido más popular, apenas llegó al poder en dos ocasiones en la persona de García. Asimismo, FP sólo tiene tres presidentes regionales, lo mismo que Alianza para el Progreso, en tanto que 19 regiones son gobernadas por otros tantos partidos, los cuales encabezan coaliciones coyunturales.

Con tales antecedentes, Keiko habría aprendido bien la lección más dura de su padre: con partidos e instituciones débiles y una sociedad indignada, el contexto es propicio para ejercer el personalismo. Justo entonces cabe preguntarse si Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz no podrían llegar a ser tan chivos expiatorios como lo habría sido Rousseff. Ojalá que uno se equivoque y Keiko repudie aquellas lecciones tanto como a su padre.

 

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